Pronunciamiento

Síntesis de la crisis hondureña
La iniciativa de Zelaya comenzó con la distribución de unas 15.000 urnas y otro material para la celebración de una 'consulta popular' el domingo28 de junio en la que los hondureños, según el presidente, dirían si quieren votar en noviembre a favor de una Asamblea Constituyente y la reforma de la actual Carta Magna, que incluiría la posibilidad de la reelección presidencial, entre otros.
El secretario privado del presidente, Eduardo Enrique Reina, dijo a Efe que la distribución del material para la consulta comenzó con la participación de voluntarios, entre los que figuran 'campesinos, trabajadores y otros sectores del pueblo hondureño'. Agregó que la consulta 'no es vinculante' y que solo se oponen a ella 'grupos de poder que no quieren que se le consulte al pueblo para fortalecer la democracia'.
El Ejército, por su parte, mantuvo una numerosa presencia en lugares estratégicos de la capital porque la situación en el país estaba siendo 'difícil pero superable', según dijo a Efe el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Romeo Vásquez, a quien Zelaya destituyó el pasado miércoles 24. Vásquez, quien no apoya la iniciativa del presidente, 'por ilegal', sigue en el cargo porque la Corte Suprema de Justicia suspendió la decisión de Zelaya de cesarle.
El segundo paso de la iniciativa de Zelaya sería la instalación de una urna adicional en las elecciones generales del 29 de noviembre próximo, para votar a favor o en contra de una constituyente y la reforma de la Carta Magna, a partir de 2010. Zelaya insistió en su propuesta a pesar de que el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y otros organismos estatales le han reiterado que es ilegal. La iniciativa le dejaría a Zelaya el camino abierto para una eventual reelección, lo que no le permite la actual Constitución bajo ninguna forma.
En las últimas dos semanas diversos sectores que rechazan la polémica iniciativa de Zelaya han llevado a cabo masivas protestas en Tegucigalpa y San Pedro Sula para exigir respeto a la Constitución.
En Washington, a petición de Honduras, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) inició negociaciones para una resolución que estableciera el envío de una comisión especial a Honduras y el apoyo al proceso democrático del país. La petición a la OEA fue hecha por el embajador de Honduras ante el organismo continental, Carlos Sosa.
En tanto que en Nueva York, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que el organismo mundial no tiene intención de enviar observadores a la consulta que el presidente Zelaya tenia previsto celebrar el domingo 28.
La crisis hondureña creó mayor incertidumbre el jueves 25, cuando seguidores de Zelaya aseguraron que se fraguaba un golpe de Estado en su contra, a lo que de inmediato reaccionaron los gobiernos de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), solidarizándose con el gobernante centroamericano.
Zelaya dijo el jueves que la crisis se había resuelto y que la consulta popular del próximo domingo 'no se detiene'.
Implicaciones políticas:
La "crisis" política que afecta Honduras debido a la situación jurídica del vicepresidente Elvin Santos no es otra que una permanente maniobra del aspirante para mantener sus temas en la agenda del país, así como la de los medios de comunicación. La "renuncia" de Santos a su investidura no fue más que otra "magistral" puesta en escena de su estrategia, ya que la hizo en horas de la tarde-noche, junto cuando los principales noticieros hondureños están en actividad y que le significó una cobertura completa y en directo.

La "victimización" a la que ha apostado Elvin Santos parece estarle rindiendo sus réditos políticos, ya que ha acorralado virtualmente al presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, e incluso le ha restado al presidente Manuel Zelaya Rosales parte de su permanente actividad mediática.

Son los temas "elvincistas" los que se encuentran en la agenda de la prensa nacional y en la de los organismo públicos, Congreso Nacional, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte Suprema de Justicia", los cueles se ven reforzados por una hábil y dinámica propaganda electoral.

Cada tema político de Elvin es seguido por un bombardeo publicitario, de manera que los demás actores, incluyendo los del opositor partido Nacional, pasan a un segundo plano.

Las movidas elvincistas han logrado, de creerse las encuestas existentes, que Micheletti sea borrado de las preferencias liberales y propagan que es la única opción para enfrentar a un partido Nacional y su virtual candidato presidencial Porfirio "Pepe" Lobo.

Aunque para lo anterior ha tenido ayuda del propio Micheletti, ya que su alianza con Mel Zelaya lo despojó de iniciativa propia y más parece que el aspirante es el propio mandatario, que el titular del Congreso Nacional.

La cercanía de Micheletti con Mel la ha canalizado perfectamente Santos, que se proclama como el candidato independiente en el liberalismo e incluso del país al hablar de una alianza entre Micheletti y Lobo en su contra.

Preparado
La estrategia de Santos no es de último momento, la ha venido afinando desde inicios de la actual administración de Zelaya cuando tuvo que salir de Casa Presidencial porque los allegados al mandatario le impidieron que ocupara oficinas.

El vicepresidente buscó otros espacios, pero los asesores de Mel Zelaya lo querían tener fuera del gobierno, lo cual lo aprovecho para decir que era despreciado y perseguido por los colaboradores presidenciales, aunque se cuido en ese momento de atacar al mandatario.

Después Santos pretendió buscar un acercamiento con Micheletti, supuestamente para propulsar una precandidatura presidencial única, pero igualmente aprovecho que los escuderos del titular del Congreso Nacional le impidieron acercarse para alejarse y dejar entrever que era aislado.

Cuando el veterano dirigente liberal Rafael Pineda Ponce buscaba crear una alianza de líderes regionales, todos sacados del gobierno por Mel Zelaya y sus colaboradores de palacio, con Marlon Lara, Gabriela Núñez y el propio Santos, aprovechó que Núñez se fue con Micheletti sin informar a los demás, para erigirse en el líder del grupo.

Inmediatamente conformó su grupo propio, alejó a Pineda Ponce de la dirección, aunque para ello le ofreció a Lara la coordinación nacional de su campaña electoral, y lanzó desde entonces su movimiento propio.

Pretendió canalizar algunos apoyos gubernamentales, los colaboradores que lo sacaron de Palacio se acercaron a él, así como el grupo de Jaime Rosenthal, pero finalmente se distanció con Mel Zelaya y por ende con sus colaboradores cercanos, mientras los rosenthalistas apostaron al barco de Micheletti pensando en otras ganancias políticas.
A partir de ahí, Santos se presentó como el candidato perseguido por Casa Presidencial, el Congreso Nacional, el TSE y la CSJ y denuncia oscuras alianzas entre el oficialismo liberal y los nacionalistas.

Todo ello le ha beneficiado y ha contado con las torpezas políticas de sus adversarios internos.

Situación legal del nombramiento del gobierno de transición en Honduras.
El Presidente en Consejo de Ministros emitió el 23 de marzo del presente, el decreto ejecutivo PCM 005 2009 en el que ordenaba al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) que realizara el 28 de junio, una consulta popular, mediante la cual se le preguntaría a la población si quiere que en las elecciones nacionales de noviembre se instale una cuarta urna para decidir si se convoca a una asamblea nacional constituyente. Por asamblea nacional constituyente se entiende que sería un Congreso convocado exclusivamente para elaborar una nueva Constitución Política de la República de Honduras, vigente desde 1982, solamente tiene tres tipos de artículos que no se pueden modificar mediante los procesos parlamentarios: aquellos que definen el territorio nacional, los que se refieren a la forma republicana de gobierno y los límites temporales del período presidencial.
Desde el mes de abril, incluso los mismos juristas constitucionales asesores del Presidente, incluyendo al abogado Efraín Moncada Silva, advirtieron en memorando interno que la consulta era ilegal y que por lo tanto el Ministerio Público estaría facultado a interponer acusaciones por el delito de abuso de autoridad. De hecho el Ministerio Público inició una investigación sobre la ilegalidad de dicha encuesta desde el 25 de marzo. En consecuencia de las investigaciones realizadas, el 8 de mayo de 2009 el Ministerio Público interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, una demanda de nulidad contra el decreto PCM 005 2009.
Explicando esta demanda, el Fiscal General de la República, Luis Rubí, afirmó que la pretensión de instalar una asamblea nacional constituyente crearía una situación fáctica y violatoria a lo que establece la actual constitución. Para el Ministerio Público, ese proceso también era ilegítimo, porque el Tribunal Supremo Electoral es el único facultado para hacer encuestas o consultas con fines políticos, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley electoral y de organizaciones políticas.
El juez titular de dicho órgano jurisdiccional, Jorge Zelaya Zaldaña, admitió la demanda bajo el expediente número 151 2009. En vista de que el Ministerio Público solicitó en el escrito que se admita la demanda con suspensión del acto impugnado, es decir que se suspenda la encuesta del último domingo de junio, el juzgado inició un proceso por separado para emitir una sentencia sobre este incidente. En este proceso, la Procuraduría General de la República, en calidad de representante legal del Estado, presentó ante el juzgado su pronunciamiento avalando la petición del Ministerio Público de que se suspenda la encuesta.
En virtud de lo expuesto en este tribunal, el 12 de mayo, el juzgado admitió la demanda con suspensión de acto impugnado, es decir que dejaba sin efecto la encuesta, mientras se pronunciaba definitivamente sobre la demanda.
El Presidente continuó con sus actividades en preparación de la encuesta popular, pero esperó no tomar ninguna acción legal para evitar otro reclamo. No fue hasta el miércoles 25 de junio de 2009 que el Presidente en Consejo de Ministros emitió el decreto PCM 019 2009, en el que se deja sin efecto el decreto PCM 05 2009. Inmediatamente después el jueves 26 de junio el Presidente en Consejo de Ministros emite un nuevo decreto ejecutivo PCM 020 2009,1 para hacer una encuesta popular el domingo 28 de junio, con la misma pregunta de la consulta popular sobre la instalación de una asamblea nacional constituyente. Esta encuesta la ampara en el artículo 5 numeral 1, de la Ley de participación ciudadana, alegando que sus ministros habían recabado solicitudes para la emisión del decreto que ya se había emitido en marzo.
Sin embargo el Juzgado de lo Contenciosa Administrativo concluyó que la Ley de participación ciudadana da poderes al presidente o a los ciudadanos para realizar estas consultas en violación de la Ley electoral y de organizaciones políticas. Este tribunal aclaró que dicho decreto PCM 020 2009, no obstante el cambio de nombre, siempre violenta las disposiciones judiciales al respecto. Esta decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo también aplica al decreto PCM 027 2009, en el que se ordenaba a las Fuerzas Armadas apoyar en la ejecución de la cuarta urna.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo expuso, de igual forma, que mediante su sentencia se suspende cualquier resolución que se emita o se haya emitido orientada a que se lleve a cabo la ilegal encuesta el último domingo de junio. Con ello se dejaron sin valor y efecto los decretos PCM 019 2009, el PMC 020 2009 y el PCM 027 2009. Además de las acciones judiciales directas, todas las instituciones del Estado, con excepción del Poder Ejecutivo, dictaminaron que dicha consulta o encuesta era ilegal, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, el Congreso Nacional y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. También organizaciones privadas, como el Colegio de Abogados de Honduras, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, advirtieron de la ilegalidad de la encuesta.
También el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, habiendo sido notificado de todas las órdenes legales prohibiendo la encuesta del 28 de junio, le expresó dicha problemática al Presidente para cumplir con las órdenes de asistir con la logística. Ante esta acción, el Presidente destituyó al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Gral. Romeo Vásquez Velásquez. Sin embargo esta decisión que luego fue revertida por la Corte Suprema de Justicia por ser en violación de la Constitución; por lo que no es una causa justificada de despido de dicho funcionario, rehusar a cumplir una orden ilegal. En solidaridad con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, también interpusieron su renuncia el jefe de la Fuerza Aérea Hondureña, Luis Prince; el jefe del Ejército, Miguel Padgett; y el Jefe de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez. (1 Existe alguna confusión acerca de la fecha del decreto PCM 020 2009, ya que está firmado con fecha 26 de junio de 2009, pero aparece publicado en La Gaceta el 25 de junio, junto con el decreto PCM 019 2009.) Aún con las manifiestas declaraciones de la ilegalidad del proceso, el presidente Zelaya y sus ministros hicieron caso omiso a la sentencia emitida por la autoridad competente.
Esto provocó muchas propuestas y la confrontación abierta con las demás instituciones democráticas del país. Mientras tanto, el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral comenzaron a decomisar el material de la encuesta en cumplimiento con las órdenes del Juez Danery Antonio Medal Raudales del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Sin embargo el Presidente, liderando una turba de personas, ingresó a las bodegas de la Fuerza Aérea Hondureña, donde se encontraba el material incautado. La Corte Suprema de Justicia declaró que emitió una orden de captura en contra del Presidente en vista de la consumación de varios delitos en virtud del desarrollo de la encuesta popular. Esta orden fue cumplida por elementos de las Fuerzas Armadas en horas de la mañana del 28 de junio del presente.
El Presidente fue trasladado a un avión de donde salió del país hacia Costa Rica. Por su parte el Ministerio Público levantó actas en los diversos centros de encuesta, para proceder posteriormente con las acusaciones criminales correspondientes contra los organizadores de la encuesta, por los delitos de traición a la patria, desacato de la ley y malversación de fondos.
Este mismo 28 de junio el Congreso Nacional abrió una sesión presentando una carta de renuncia del Presidente, la cual fue aceptada. En esta misma sesión el Congreso aprobó un decreto improbando la conducta del Presidente y separándolo del cargo. Dado que el Vicepresidente había renunciado en el 2007, la Constitución de la República dicta que es el Presidente del Congreso quien deberá asumir la presidencia. En tal sentido el Presidente del Congreso, Roberto Micheletti fue nombrado y juramentado como Presidente de la República. En consecuencia el Congreso Nacional también eligió un nuevo Presidente de la cámara, nombramiento que recayó sobre José Alfredo Saavedra.

Problemas por los que atraviesa el país
Por muchos años Honduras ha venido sufriendo de una pobreza extrema, al punto que la mayoría de los habitantes en este momento carecen de una vida digna, como es tener un empleo, una vivienda, y una familia con atenciones adecuadas de salud y educación. Sobre esta situación está la incontrolable delincuencia donde grupos de jóvenes organizados en maras desarrollan acciones delictivas, quienes además son utilizados por los grupos del crimen organizado, distribuyendo drogas y haciendo un trabajo de sicarios.
El país ha sido utilizado por los Estados poderosos del norte, como plataforma para mantener el status quo de la región centroamericana, llevando a cabo contrarevoluciones a cambios que afectan los intereses de las empresas transnacionales. Esto ha hecho que las leyes del país estén enfocadas a mantener la ley y el orden que apoya esta situación.
El poder político y económico del país se ha mantenido en grupos élite de poder, los cuales controlan toda la situación para que no se revierta en su contra, razón por lo que las riqueza generada por el país, no esta distribuida equitativamente, como por ejemplo tener buenos salarios y crear nuevos puestos de trabajo digno.
Bajo este panorama, el presidente actual, Lic. Manuel Zelaya, quiso iniciar un proceso de cambio hacia la apertura de un nuevo país donde prevalezca la justicia y los Derechos Humanos de todos los ciudadanos.
Por lo tanto, ante esta situación que atraviesa en estos momentos la república de Honduras.

Denunciamos: que los poderes fácticos políticos y económicos de la República de Honduras no han permitido llevar a cabo un proceso de cambio que pueda ser de esperanza para las grandes mayorías desposeídas.
Reclamamos: Que la comunidad internacional intervenga para restablecer la institucionalidad del país y retome el camino de reivindicar a las personas y familias que padecen de las injusticia estructural de parte de las élites de poder incrustadas en el Estado y gobierno.
Proclamamos: Que todas las personas tienen el derecho a gozar de una vida digna y el Estado a través de su gobierno deben velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos Universales con el fin de que todos puedan tener las oportunidades de lograr su desarrollo integral pleno.
“El ladrón solo vienen a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud” Juan 10:10